Comunicado de prensa
(27 de septiembre de 2018. San Juan, Puerto Rico) En la presentación de una ponencia ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico los sindicatos que integran la Alianza Sindical expresaron unánimemente su rechazo al proyecto de la Cámara 1671 de la autoría del representante Navarro Suárez, por considerar que atiende un asunto que ya fue resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La Alianza Sindical, que está integrada por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, SEIU Local 1996; Servidores Públicos Unidos, Concilio 95 de AFSCME; la Federación Central de Trabajadores, UFCW Local 481; la United Auto Workers, Región 9 A y la Unión General de Trabajadores, SEIU Local 1199, denunció el carácter ideológico del proyecto señalando que el mismo “destila una ideología enemiga de las familias trabajadoras, privilegia la ganancia privada sobre el bienestar común, desprecia lo colectivo y según la cual, la competencia, el todos contra todos, debe ser la característica fundamental de las relaciones sociales.
Los sindicatos coincidieron en describir la pieza legislativa como un producto de la improvisación, llena de aseveraciones contradictorias, carente de análisis e información que justifique la misma, llegando a conclusiones infundadas con una redacción sin rigor, hecha a toda prisa.
Mediante ese proyecto se pretende restarle legitimidad a la Ley 45, a la vez que le atribuye a la misma un fin que nunca tuvo. También, en su exposición de motivos, el proponente le adjudica a la Ley 45 la obligatoriedad de los trabajadores no afiliados a pagar cuotas, a sabiendas de que dicha afirmación no es cierta.
De igual manera, la legislación propuesta se aleja de los principios y valores que dice defender, en términos de nuestro ordenamiento democrático fundamentado en la participación ciudadana, e intenta debilitar las organizaciones con las cuales los trabajadores pretenden mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
“El representante Navarro Suárez pretende en su proyecto ir un paso más lejos que la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos al prohibir el descuento directo de cuotas y eliminar la retención de la está por el gobierno. Todo lo anterior, sin justificación o fundamento jurídico alguno”, expresaron mediante comunicado de prensa.
Evidenciando con meridiana claridad su objetivo central de destruir la organización sindical de los trabajadores, el legislador propone la desafiliación “en cualquier momento”, desconociendo el principio básico de no intervención del estado en las relaciones contractuales entre las organizaciones y sus miembros.
Finalmente, los sindicatos que integran la Alianza Sindical consideran totalmente innecesaria la legislación propuesta, P. De la C. 1671, al establecer que la resolución en el caso Janus deja resuelta la controversia sobre los derechos de los trabajadores que pagaban cargos por servicio.
Al respecto señalaron, “las opiniones del Tribunal Supremo establecen lo que en inglés se conoce como (the law of the land) y van por encima de la legislación de los estados y territorios. Por eso, cuando el Tribunal Supremo reconoció el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre parejas del mismo sexo no fue necesario enmendar el Código Civil de Puerto Rico para lograr su validez en nuestro país. De igual forma ocurrió con el caso de Roe v. Wade que legalizó el aborto en Puerto Rico a pesar de que el Código Penal aún lo prohíbe”.