SINDICATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Comunicado de prensa
(16 de julio de 2018, San Juan, Puerto Rico)– Cinco uniones obreras del sector público le exigieron al gobierno de Ricardo Rosselló que detenga la campaña antisindical que ha desatado en las agencias del gobierno central imponiendo medidas que violan el derecho de las y los trabajadores a organizarse y negociar con el patrono sus condiciones de trabajo y salarios.
Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, la Unión General de Trabajadores y la Federación Central de Trabajadores, alertaron a las y los empleados del sector público sobre la avalancha de rumores y órdenes de supervisores dirigidas a debilitar su organización y liquidar el derecho a la negociación colectiva.
Las uniones denunciaron que las medidas que pretende imponer el gobierno de Rosselló, en la práctica usurpan los poderes legislativos al enmendar y cancelar leyes y procedimientos que protegen a las y los empleados públicos.
El viernes pasado estos mismos sindicatos radicaron un recurso de Interdicto ante el Tribunal Superior de San Juan solicitando que detenga de inmediato la intromisión indebida del Gobierno, como patrono, en los asuntos de las uniones y sus afiliados y en defensa del derecho a organizarse.
Tomando como excusa la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Janus v Afscme, en que se prohíbe el cobro de cargos por servicios a empleados públicos desafiliados de la unión, el secretario del Trabajo y la directora de la Oficina de la Administración de Transformación de los Recursos Humanos emitieron un memorando que cancela la pertenencia al sindicato y pone en manos del patrono un nuevo proceso de reafiliación.
A raíz del memorando, que ha sido impugnado en el tribunal, han circulado decenas de órdenes e instrucciones por parte de supervisores en las distintas agencias del gobierno central que superan las incongruencias e ilegalidades ordenadas por La Fortaleza.
El liderato obrero aclaró que la desafiliación masiva impuesta por el gobierno le arrebataría a las y los trabajadores afectados los derechos y beneficios negociados en los convenios colectivos como son la aportación patronal al plan médico, los recursos de quejas y agravios y otros derechos consignados en los convenios.
“La unión es la única línea de defensa de los trabajadores que le pone un freno y un detente al Estado para que no puedan imponer a su antojo sus planes de despidos masivos, movilidad, traslados, eliminación de derechos y beneficios, privatización y mantener el padrinazgo. Por esta razón, el Gobierno está utilizando el caso Janus, para crear un nuevo estado de derecho laboral ilegal y unilateral para debilitar la fuerza de los trabajadores organizados” explicó Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.
Para el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, la radicación de este interdicto se hace pertinente “ante la ofensiva asumida por el Ejecutivo, intentando imponer su tergiversada visión de la sentencia del caso Janus, con la cual pretenden arrebatarle a los trabajadores su fundamental herramienta de lucha”.
Por su parte, Roberto Pagán, presidente del SPT declaró que “la administración de Ricardo Rosselló, una vez más, pretende legislar desde La Fortaleza enmendando leyes y reglamentos de manera arbitraria. Tienen la misma intención que con la derogación de la Ley 80 que es quitar derechos y empobrecer más a las familias trabajadoras”.
Para el secretario tesorero de la FCT, local 481 UFCW, Juan Cortés Valle, el Memorando de la Secretaria de Justicia y el Secretario del Trabajo “constituye una acción antidemocrática, un burdo intento por acallar la voz social que representan las uniones para silenciar cualquier disidencia. Están malinterpretando y exagerando la decisión judicial para su propio beneficio”.
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