Una masiva concentración de trabajadores de y amplios sectores del país se llevará a cabo el próximo miércoles, 30 de agosto para demandar que se detenga la propuesta reducción de la jornada laboral, la eliminación del bono de navidad, la reducción en las pensiones de los jubilados, así como cualquier otra medida de austeridad que se pretenda imponer a la clase trabajadora.
El anuncio fue hecho en una nutrida conferencia de prensa donde participaron representantes de casi la totalidad de los sindicatos del país y de múltiples organizaciones sociales.
Durante la rueda de prensa, el liderato sindical suscribió una declaración de consenso en la que se establece el total rechazo a “las medidas de austeridad impuestas por la Ley PROMESA, así como por patronos y gobernantes, especialmente los despidos y cesantías en el sector público y privado”. De igual manera, las organizaciones reiteraron en el documento la solicitud de una auditoría integral, independiente y ciudadana de la deuda pública.
El dirigente sindical Luis Pedraza Leduc, en calidad de portavoz del grupo, hizo un recuento de la legislación que se ha aprobado hasta el presente, al amparo de la Ley PROMESA, y que ha deteriorado significativamente las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, tanto en el sector público, como en los trabajadores de la empresa privada.
“El recorte de jornada y de salario ya se implantó desde hace unos meses con la ley que redujo 15 días de vacaciones, seis días de enfermedad, el embargo de los balances en exceso de vacaciones, la prohibición de la liquidación de balances en el momento del retiro, y la declaración de recesos de manera unilateral, entre otras medidas. Demandamos que se detengan la propuesta de añadir además la reducción de dos días de trabajo, la eliminación del bono de navidad, la reducción en las pensiones de los jubilados y cualquier otra medida de alegada austeridad”, denunció Pedraza Leduc.
Dijo que esas medidas contra las familias trabajadoras surten el efecto de profundizar más la crisis económica del país.
El junte de sindicatos y organizaciones sociales trasciende la actividad del 30 de agosto. El grupo ha estado evaluando la celebración de un conjunto de actividades a celebrarse antes y luego de la gran concentración, que habrán de llevarse a cabo alrededor de todo el país, con el respaldo de todas las organizaciones presentes.
La primera de esas actividades de repudio a las medidas de austeridad, se celebrará este viernes, 25 de agosto a las 4:00 pm en la Milla de Oro, frente al edificio Seaborne, donde ubican las oficinas que mantiene la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico.
“Para mostrar nuestro repudio a la pretensión de la Junta de Control Fiscal y el gobernador Rosselló Nevares, de imponer todo el peso de la crisis sobre los hombros de los y las trabajadoras, vamos a celebrar estas manifestaciones a todo lo largo y ancho del país”, precisó Pedraza Leduc.
La concentración del miércoles, 30 de agosto se efectuará a partir de la 12:00 MD, también frente al edificio Seaborne. Como el pasado 1ro. de mayo, los organizadores esperan miles de asistentes a la misma. (SUGIERO REPENSAR ESTA ORACION HAY MUY POCO TIEMPO PARA CONVOCAR Y SI NO SE LOGRA LO MISMO DE ESE DIA DIRAN QUE NO SE LORARON LAS EXPECTATIVAS).
###
DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL DE PUERTO RICO
El pueblo puertorriqueño enfrenta propuestas neoliberales iniciadas desde la década del 1980 que hoy asumen su expresión más cruda contra la clase trabajadora.
El Movimiento Sindical de Puerto Rico, integrado por uniones de empleados y empleadas del gobierno central, de corporaciones públicas y del sector privado, rechazamos de manera categórica la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal (JCF) impuestas por el Congreso de Estados Unidos.
Igualmente, rechazamos las medidas de austeridad impuestas por la Ley PROMESA así como por patronos y gobernantes, especialmente los despidos y cesantías en el sector público como el privado, y reclamamos una auditoría integral, independiente y ciudadana de la deuda pública.
Censuramos el desmantelamiento y privatización del sistema de retiro y pensiones de las y los jubilados del sector público.
Condenamos la pretensión de continuar deteriorando los servicios de salud que se ofrecen a través de la reforma mediante la limitación de medicamentos, reducción de la cubierta y del número de beneficiarios.
Repudiamos el dramático aumento a la matrícula en la Universidad de Puerto Rico y los ataques de que es víctima el sistema público de educación superior que prácticamente le condenan a su desaparición.
De manera especial rechazamos todas las acciones gubernamentales para perturbar el ambiente y la salud del pueblo, las modificaciones a leyes protectoras de los recursos naturales y expropiaciones a nuestras comunidades.
Consignamos que la negativa de la administración de Ricardo Rosselló a implantar la determinación de la JCF de reducir la jornada de trabajo y salario a los empleados de la rama ejecutiva, efectivo el 1ro. de septiembre de 2017, es una diferencia que descansa en la premisa en su alegación de haber logrado los recortes en el presupuesto que exige el Plan Fiscal.
Mientras, por otro lado, la JCF sostiene que aún no se han logrado los “ahorros” necesarios. Esta supuesta diferencia entre el gobierno de Rosselló y la JCF es una de forma, sólo distingue cómo se aprieta el nudo en el cuello de los y las trabajadoras.
Contrario a su prédica en su escaramuza con la JCF, las condiciones de trabajo que impone el gobierno al empleado público son promulgadas al amparo de la Ley PROMESA, las cuales son las siguientes:
- La aprobación de la Ley 1 que propone la privatización de agencias gubernamentales.
- La aprobación de la Ley 3 en la cual se congelan los convenios colectivos y se alteran los beneficios económicos hasta el 2021.
- La aprobación de Ley 4, que es la mal llamada Reforma Laboral de la empresa privada, que elimina derechos de los trabajadores para reducir el costo real de un empleo privado en Puerto Rico, de cara a privatizar y transferir empleados públicos al sector privado.
- La aprobación de la Ley 8, creando la figura del empleador único, lo que afecta convenios, unidades apropiadas y negociación colectiva. Reduce beneficios a empleados de nuevo nombramiento.
- La aprobación de la Ley 26, de cumplimiento con el Plan Fiscal, que elimina derechos, condiciones de trabajo y beneficios alcanzados por negociación colectiva.
- Las órdenes ejecutivas 3 y 4 que declaran un estado de emergencia fiscal y de infraestructura que abre las puertas a construcciones ilegales y que atentan contra el ambiente.
- Propuestas para privatizar y eliminar los sistemas de retiro, alterar y reducir las pensiones actuales y futuras.
La reducción de jornada y de salario ya se implantó desde hace unos meses con la ley que redujo 15 días de vacaciones, seis días de enfermedad, embargar los balances de licencias en exceso anual, prohibir la liquidación de balances al momento de retiro, la declaración de recesos de manera unilateral, entre otras medidas.
Tanto las acciones propuestas por la JCF, como las tomadas por el gobierno de turno y el anterior son en contra de la clase trabajadora y en beneficio del capital. Ante esta realidad, las organizaciones sindicales proponemos iniciar un plan de movilización y acciones dirigidas a rechazar las medidas de ajuste fiscal, la Ley PROMESA y rescatar las condiciones de trabajo y beneficios eliminados.
Nuestras organizaciones se comprometen, tanto a la celebración de las múltiples actividades que hemos discutido, como a darnos apoyo mutuo en todas las actividades individuales que desarrollemos alrededor de todo el país.
Además, nos comprometemos en rechazar tanto a la Junta de Control Fiscal como al gobernador Rosselló en su pretensión de imponer todo el peso de la crisis sobre los hombros de los y las trabajadoras.